Puerto Rico generará 56.000 empleos en 10 años gracias a su programa de incentivos fiscales

COLOMBIA (AndeanWire, 29 de Enero de 2016) Desde 2012, se han firmado 328 decretos bajo la Ley 20 de Exportación de Servicios, mientras que 574 lo han hecho bajo la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas.  El estudio prevé que el impacto económico de ambos tratados superaría el 1% del PIB del país. El programa de incentivos fiscales puesto en marcha por el Gobierno de Puerto Rico generará más de 56.000 empleos en un periodo de 10 años. Así lo estima el estudio promovido por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico con la intención de conocer el alcance actual y las proyecciones económicas de las leyes 20 y 22, dirigidas a atraer inversionistas extranjeros, incentivar a empresarios locales y fomentar la exportación de servicios. El informe, elaborado por la firma independiente Estudios Técnicos Inc., ha sido presentado por el economista José Joaquín Villamil en un acto que contó con la presencia de Alberto Bacó Bagué, secretario del DDEC.

En su exposición, Villamil detalló que, desde que se aprobaron estas leyes en 2012 y hasta en noviembre de 2015, el gobierno ha sancionado 328 decretos bajo la Ley 20 de Exportación de Servicios y 574 bajo la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas.

Es decir que, si se atiende a ambos tratados de forma individual, los servicios principales que proveen las compañías acogidas a la Ley 20 son la consultoría relacionada con servicios financieros, publicidad y relaciones públicas, gerencia centralizada, servicios legales, de impuestos y contabilidad, desarrollo de software e ingeniería y producción de diseños de construcción. Aproximadamente, el 20% de las compañías con decretos son locales, y el 80% son extranjeras. Más de la mitad de las exportaciones se realizan al mercado estadounidense, seguido por el dominicano y el mejicano.

“La exportación de servicios genera oportunidades de empleo de alta calidad e inversiones de alto valor añadido. El promedio anual de pago de nómina ronda los 45.000 dólares por empleo. Las compañías analizadas tenían una nómina total de 137,1 millones de dólares. Este estimado de nómina incluye 7.033 empleos directos, indirectos e inducidos. El empleo en la industria de servicios técnicos aumentó a 6,4% entre el 2012 y el 2014, lo que podría atribuirse a las leyes 20 y 22, ya que muchos de los inversionistas acogidos a estas leyes se dedican a ofrecer ese servicio. Otra gran parte de la inversión de las nuevas compañías que se establecen en la Isla ha sido en bienes raíces”, explicó Villamil.

El economista agregó que las compañías acogidas a la Ley 20 reportaron ingresos de casi 1.200 millones de dólares, con un ingreso neto de 563 millones, lo que representa unos 34 millones en recaudación fiscal por concepto de impuestos corporativos.

Se estima que para el 2024 se sumarán 3.500 decretos de Ley 20, que generarían 44.656 oportunidades de empleo. Se prevé que el pago de nómina ascienda a 3.100 millones de dólares, y el impuesto corporativo a 800 millones. “Las actividades de exportación que promueve la Ley 20 ofrecen gran potencial para la economía local debido al alto grado de movilidad de la economía de servicios. El impacto económico de la recaudación de la Ley 20 podría representar alrededor del 1% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico”, afirmó el economista.

Por otro lado, en lo que al impacto de la Ley 22 se refiere, la mayoría de los decretos otorgados hasta el momento han sido para consultores, comerciantes, emprendedores e inversionistas, particularmente del mundo financiero. El 89% de ellos proceden de Estados Unidos, mientras que el 11% residían previamente en España, Reino Unido o Venezuela. El mayor impacto económico de esta ley, que asciende a 266 millones de dólares, proviene de la inversión en bienes raíces, principalmente en Dorado, Humacao, Río Grande y Condado.

“La actividad de las compañías acogidas a este decreto ha generado unos 2.483 nuevos empleos en la Isla, con un gasto potencial que asciende a más de 73 millones de dólares. Se estima que para el año 2024 habrá aproximadamente 4.000 decretos aprobados, que podrían generar 11.945 nuevos empleos. El valor en bienes raíces adquiridos se estima en 1.700 millones de dólares y el gasto potencial de los inversionistas en más de 830 millones”, afirmó Villamil.

El estudio concluye que mantener el programa de incentivos de las leyes 20 y 22 beneficiaría aún más a la economía local si se logra rentabilizar los efectos derivados de estos decretos. “Estas políticas, combinadas con otros esfuerzos que garanticen efectos derivados más amplios, tienen enorme potencial de promover desarrollo económico dentro de una economía orientada a la exportación”, concluyó Villamil.

Entre las recomendaciones para generar mayor crecimiento económico con el apoyo de estas leyes, el informe destaca las siguientes: revisar los requisitos de creación de empleos e inversión para ambos tratados; incentivar que más compañías locales obtengan decretos; redirigir la Ley 20 a un marco más amplio de desarrollo de start ups locales, y usar la Ley 22 para incentivar la llegada de emprendedores extranjeros que se dediquen a las actividades elegibles para tener decreto de la Ley 20.

“El estudio demuestra que las leyes 20 y 22 atraen a compañías e individuos que ayudan a generar empleos bien remunerados en diversos sectores. Se está fijando la zapata para una economía diversificada y orientada a los servicios y la exportación. Pero es fundamental tener métricas para evaluar el desempeño del programa de incentivos e identificar oportunidades para mejorarlo, y este estudio es parte de ese proceso”, aseguró el secretario del DDEC, Alberto Bacó Bagué. “Confiamos en que el efecto incremental de estas leyes contribuirá a revitalizar e internacionalizar la economía puertorriqueña. Queda camino por recorrer y es esencial que se terminen de encaminar las medidas para atender el tema fiscal. Pero simultáneamente hay que mantener como prioridades las iniciativas para atraer capital, promover la exportación de servicios y proyectar a Puerto Rico como destino de negocios e inversión”, agregó.

Para realizar este estudio, Estudios Técnicos relacionó datos de informes anuales del año 2014 de compañías o individuos con decretos, con información provista en las solicitudes de decreto para ambas leyes. Partiendo de esta información, se han estimado el número de empleos creados, el total de recaudaciones fiscales, la inversión y el gasto en consumo. Acceda a toda la información a través del siguiente enlace: http://www.ddec.pr.gov/act2022report/

 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico implementa y supervisa la ejecución de la política pública del país relacionada al desarrollo económico en los sectores empresariales de manufactura, comercio, turismo y servicios. Además, el Departamento promueve un sector privado estable y sostenible que tome en cuenta la globalización de la economía actual. El Departamento está comprometido con la implementación de estrategias que incentiven la inversión, creen empleos y mejoren la calidad de vida en la isla. Está compuesto por 11 entidades gubernamentales que incluyen agencias y corporaciones públicas enfocadas en distintos sectores económicos.